En el texto de la iniciativa, el diputado Emilio Olabarría explica que en la actual Ley de Contratos del Servicio Público se fija la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que, "igualando la oferta de servicios", tengan en su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidades. Sin embargo, añade, "en la práctica" este precepto "es una quimera", ya que en muchas ocasiones los Centros Especiales de Empleo no tienen posibilidad de competir con empresas formadas mayoritariamente por personas no discapacitadas. Olabarría destaca que la adjudicación directa de contratos es "el único mecanismo posible para garantizar el acceso al empleo de los trabajadores de estos centros" y añade que esta medida es "un requerimiento ético" en un contexto en el que el desempleo sigue creciendo preocupantemente y afecta de forma más intensa a los sectores más vulnerables, "particularmente a los trabajadores discapacitados".

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